Capítulo 2. - Carencias del sistema de justicia

El precio de la desprotección

En 2019 el Estado peruano ejecutó, en promedio, 16 céntimos por ciudadano para luchar contra la trata de personas. Un ínfimo presupuesto que dificulta aún más el rescate de las víctimas. Por desgracia, las consecuencias de todo ello se han visto agudizadas por la pandemia.

¿Cuánto se destina anualmente a la contención de la trata de personas (TdP)? ¿Quiénes están encargados de rescatar y proteger a las víctimas? ¿Por qué durante la emergencia sanitaria el problema se ha agudizado? Estas son algunas de las interrogantes que aparecen de forma inevitable al analizar el alcance de la TdP, cuyas cifras han ido en aumento durante este 2020. De acuerdo a la organización especializada CHS Alternativo, solo entre marzo y junio del presente año se registraron 50 denuncias por grooming, acoso sexual o distribución de pornografía infantil, escenarios vinculados con frecuencia a la explotación de niños y niñas. Además, en ese mismo lapso hubo 15 denuncias de TdP reportadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sin embargo, no hace falta ir tan atrás. En octubre, dos casos presuntamente asociados a trata fueron noticia en diversos medios. El primero ocurrió en Lima e involucró a un niño de apenas un año. Según indicios de la Fiscalía, la identidad de la víctima habría sido falsificada por una red dedicada a explotar menores en múltiples puntos del país.

El otro tuvo lugar en la provincia de Anta, Cusco, donde se rescató a un joven de 18 años que habría trabajado en condiciones deplorables bajo el control de una presunta red de trata de personas. En ambas situaciones, la intervención de las autoridades detuvo un acto ilícito, pero es entonces cuando cabe preguntarse si una suma de operaciones policiales es suficiente para terminar con una injusticia que, día a día, recrudece la profunda grieta de la desigualdad en el Perú.

Una crisis en medio de otra

La emergencia sanitaria del coronavirus ha intensificado las limitaciones del sistema de justicia, cuya labor depende en gran medida del despliegue policial o, por lo menos, así lo aseguran las propias autoridades. “De por sí, el abordaje de los casos de trata de personas siempre es muy complejo. Pero la pandemia ha tornado mucho más dificultoso este trabajo. Porque, a pesar de sus esfuerzos, la PNP, con la cual trabajamos como un binomio, ha estado abocada al control de la seguridad y la condición que se tenía que resguardar”, reconoce la fiscal Rosario López Wong, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP).

El panorama resulta especialmente crítico cuando se considera que, según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, las víctimas de trata de personas son en su mayoría mujeres menores de 18 años. En un informe presentado este año, la entidad señaló que, de 120 expedientes judiciales revisados, 118 implicaban a víctimas femeninas. Números alarmantes en un país donde, entre enero y julio, 2.965 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de acuerdo a información de la misma Defensoría. La asociación entre cifras termina por dibujarse sola, y plantea serias preguntas acerca del trabajo que se desarrolla para neutralizar dicho mal.

El marco jurídico nacional cuenta con una serie de normas que permiten la lucha contra la trata de personas. Además de las ya conocidas evocaciones de la Constitución a la protección de la dignidad humana, durante los últimos 15 años se promulgaron leyes vinculadas a esta problemática. En 2007, por ejemplo, se aprobó la Ley 28950 Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Por su lado, la Ley 30251, que perfecciona la tipificación del mencionado delito, fue promulgada recién en 2014. La lista continúa con otras normas posteriores, aunque todas ellas pensadas para un mundo sin pandemia. Además, se traducen en un trabajo conjunto de dos actores principales: Fiscalía y PNP, binomio que hasta el momento ha dejado pendiente un enorme vacío por abarcar.

“No es suficiente, porque el fenómeno de la trata es tan complejo y tiene tantos elementos sociales, familiares, económicos, de marginación, que necesitamos el concurso no solo de la PNP y la Fiscalía, sino de todas las instituciones del sistema de justicia. Viéndolo desde el punto de vista de que se trata de un fenómeno social grave, necesitamos también de otras instancias, como el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio de la Mujer, la sociedad civil o los medios de comunicación”, sostiene López Wong.

A ello se suma una considerable tasa de impunidad, que según los expertos termina por alentar a los propios tratantes. “Desde una perspectiva económica, los factores que inciden en la prosperidad en cuanto el delito se cometa son la manera en que se articula el riesgo por cometer el delito y el costo que le implica al delincuente tener víctimas de trata. En el riesgo, el factor principal es la impunidad, es decir, qué riesgo corre el tratante de tener una sentencia efectiva de cárcel. Los datos que manejamos es que, de cada 100 imputados por el Ministerio Público, menos de 5 terminan con una sentencia condenatoria”, apunta Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Desigualdad de condiciones

¿Cómo enfrenta la trata de personas el Estado peruano? Anualmente, las autoridades designan un presupuesto para llevar a cabo esta tarea. El problema es que, desde hace tres años, dichos recursos se encogen cada vez más, llegando a un punto en el que la inversión por ciudadano alcanza apenas los 23 céntimos, como reveló el más reciente informe de CHS Alternativo. La carencia se torna más grave si recordamos que en 2021 llegan a su fin las acciones del Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT), estrategia que se asumió en 2017 con el objetivo de, según aseveró el Gobierno de turno, regir las políticas públicas para neutralizar el avance de la trata.

A la fecha, parece haber sucedido todo lo contrario. La documentación recogida por CHS Alternativo es tajante: en tres años el presupuesto asignado a la erradicación del delito se redujo en más de 3 millones de soles. Mientras en 2017 la lucha contra la trata de personas dispuso de 11 millones de soles, en 2018 el presupuesto se redujo a 10.2 millones. Por desgracia, la tendencia se mantuvo al año siguiente, y en 2019 se asignó 7.7 millones de soles. De ese monto, el año pasado se ejecutó solo el 69%, es decir, 5.3 millones. Desinterés, falta de recursos o todo junto, lo cierto es que esta escasez termina por desamparar a miles de víctimas en todo el país.

“Nuestro país tiene una política pública respecto a la trata de personas, pero esto no se ve reflejado en el presupuesto para todas las instituciones, sobre todo a las que persiguen el delito. Aquí entran en juego esfuerzos institucionales que destinan parte de su presupuesto principal, como es el caso del Ministerio Público, para brindar mínimamente algunas condiciones para los fiscales. Siempre vamos a carecer de recursos, pero también tenemos apoyo de algunas agencias de cooperación y alianzas estratégicas. Necesitamos estar un paso por delante de los tratantes: estar con equipos de última generación, vehículos, celulares, medios de comunicación, GPS, etc. Nunca se tiene lo suficiente por el presupuesto”, admite López Wong sobre esta dificultad.

En efecto, la propia fiscal afirma que, en muchas ocasiones, los delincuentes están a la vanguardia de quienes deberían detener sus movimientos, muchas veces en recursos asociados a tecnología e infraestructura informática. Así, los llamados a proteger a las víctimas terminan por sufrir una desprotección que provoca enormes perjuicios al momento de actuar contra la trata de personas. Pese a todo, el tema continúa relegado a un segundo plano, mientras nuestras autoridades políticas protagonizan sus propios conflictos en medio de la pandemia.

Enfoques pendientes

Más allá del dinero y la insuficiencia, contrarrestar este delito exige también una serie de condiciones aún precarias, que aseguren, por ejemplo, que una víctima recién rescatada prefiera mantenerse en un centro de acogida antes que volver con sus tratantes. Si bien este panorama, tristemente conocido por decenas de casos que se han difundido en los últimos años, podría deberse a que desde el inicio las FISTRAP no cuentan siempre con un albergue para víctimas, entidades como la Defensoría del Pueblo han señalado la urgencia por construir espacios de seguridad que no solo consistan en el cemento.

“El enfoque de género es particularmente importante en la investigación del delito de trata de personas, pues las víctimas suelen ser mujeres en el marco de la finalidad de explotación sexual”, apunta el informe Abordaje Judicial de la Trata de Personas, publicado en marzo por la Defensoría. En efecto, muchas veces el rescate es solo el inicio de una etapa fundamental en la labor que demanda esta problemática: el trabajo con las víctimas.

VÍCTIMAS DE TRATA POR GÉNERO/EDAD

En el informe “Abordaje Judicial de la Trata de Personas”, publicado por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2020, se revisó 120 expedientes judiciales.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha referido que, en el marco de una lucha frontal contra la trata de personas, se debe tener en cuenta la importancia de la salud mental de las víctimas. Según la entidad, en ellas estas afectaciones persisten por más tiempo que la mayoría de los problemas de salud física generados por sometimientos a explotación y abuso. Una tarea aun más compleja de lo que parece porque, como se reconoce desde el Ministerio Público, en ocasiones la persona rescatada puede tener una reacción adversa en un primer momento.

“El seguimiento que se le hace a la víctima debe ser mucho más potente y sostenible en el tiempo. Debemos entenderla. En algunas ocasiones la víctima puede tener una reacción hostil. Si recaemos en el seguimiento, la perdemos. En otras vemos que regresa con el tratante o empieza a formar parte de otros circuitos de explotación. La familia o el entorno cercano es muy importante, si no trabajamos con ellos, posiblemente la reciban de manera hostil, culpándola, haciendo que la rehabilitación sea más dramática. En un caso determinado pueden hacer una comparación y decir: creo que estaba mejor con la persona que me sometía”, relata la fiscal López Wong.

Transformar aquella realidad supone el reto de comprender el delito en toda su magnitud. Como afirma Valdés, en muchas ocasiones no se combate debidamente la trata porque entender sus alcances es aún una labor por completar. “Por parte de las autoridades, hay un problema de voluntad pero también de comprensión. El delito subterráneo es así, porque la explotación se produce detrás de una puerta y bajo un techo. No son raqueteros que están en la calle. Ya sea en containers en Las Malvinas, para hablar de Lima; o en minas en La Rinconada o en campamentos en Madre de Dios o Ucayali, no se llega allí, y si se llega el delito está detrás de una puerta y para eso se requiere de orden judicial, y para eso requiero reunir pruebas, lo cual es muy complicado. Por eso el delito es tan difícil de perseguir”, sentencia.