Desde los seis hasta los once años, Silvia fue víctima de violencia sexual. Los agresores eran dos familiares cercanos que, no contentos con los daños físicos y el estrés postraumático que le causaron, decidieron volver a su vida ocho años después para atormentarla, y no pararon hasta que ella y su familia se mudaron de casa.

Ya con 19, ella comenzaba a vencer los traumas del pasado y a vivir su etapa universitaria, pero una llamada del 3 de abril del 2014 derrumbó todo lo avanzado. “Contesté y me dijeron que no merecía vivir, que estaban más cerca de lo que yo pensaba, que aprovecharían la oportunidad de verme sola en la calle”, recuerda.

Ansiedad, depresión, pánico, miedo. Todo volvió y empezó a incrementar a la par de que las amenazas de muerte y los insultos se hacían cada vez más frecuentes. De las dos o tres llamadas al día pasaron a acosarla por mensajes de Facebook desde cuentas falsas. “Cuando me amenazaban, me decían cosas que me hacían físicamente cuando me violaban”, detalla, por lo que ella no tenía dudas de que eran los agresores de su infancia, quienes vivían a pocos metros de su casa.

Tras un mes de vivir en estado de alerta ante la incertidumbre de si sus agresores la matarían, desaparecerían o si le harían daño nuevamente, tomó valor y decidió denunciar el acoso en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI), pues confiaba en que el contacto que trabajaba en esa división la ayudaría.

Pero no fue así. La mujer que la iba a contactar con el jefe de la Divindat, le aconsejó que cambie de número para que el “problema“ se solucione. Cuando pudo conversar con él, le respondió que, a menos que le pase algo físicamente, no podían hacer nada.

“Mira hijita, esto no califica como un delito informático porque solo tienes unos mensajes en Facebook y las demás han sido llamadas”, recuerda que le dijo el policía que la interrogó, además, le cuestionó si detrás del acoso no estaría “un enamoradito al que no le hiciste caso” o que tal vez “todo era una broma”.

Después, el encargado de la división no aceptó la denuncia y le sugirió al padre de Silvia que la acompañe cada vez que salga. Según él, así “eventualmente la van a dejar de fastidiar”. “Si le hacen algo, regresan”, les dijo. Al borde de un ataque de pánico por la frustración que le produjo la respuesta de las autoridades, Silvia abandonó la oficina sin denuncia ni garantías para su vida.

Los acosadores la volvieron a contactar, pero su resquebrajado estado psicológico —producto del trauma y la ansiedad— no podía aguantar más insultos y amenazas de muerte.

Entonces, cambió de número telefónico, cerró todas sus cuentas en redes sociales y creó nuevas, empezó a salir siempre acompañada y cambió sus rutas habituales para movilizarse en la ciudad.

Aún así, los agresores continuaron acechándola en las calles. Incluso trataron de subirla por la fuerza a un carro. Hasta hoy, ella sospecha que fueron ellos los que intentaron secuestrarla. Por eso, toda su familia decidió mudarse nuevamente a otra casa, donde por lo menos puede sentir algo de tranquilidad.

Mientras tanto, quienes la violaron, acosaron y persiguieron siguen en las calles.

Patricia sospechaba que su exenamorado había publicado sus fotos y datos personales en una página pornográfica. También creía que ingresaba a su cuenta de Facebook para hacerse pasar por ella y escribir insinuaciones sexuales a sus contactos hombres. Pero le tomó casi todo el 2011 disipar sus dudas.

Cuando él aún era su pareja, Patricia le contó que no entendía por qué personas con las que ya había perdido contacto mostraban interés hacia ella. Luego de poco tiempo, su contraseña cambió y no pudo ingresar más a su red social.

Al año siguiente, cuando recordó que dejó su sesión abierta en la computadora de su expareja, dedujo que él fue el responsable.

Imprimió capturas de pantalla de sus datos en páginas de prostitución y los chats de Facebook que logró registrar antes de que la hackearan. Con eso, se dirigió a la División de Delitos de Alta Tecnología para denunciarlo. Pensó que había tenido suerte, pues el padre de una de sus mejores amigas la contactó con el jefe de esta entidad policial, quien la recibió en su oficina.

“Mira, no sabes la cantidad de chicas que vienen con estas denuncias. No creo que pueda hacer algo porque no podemos intervenir a la persona que te ha podido hacer esto. Tiene que haber todo un proceso. A ti, lo único que te voy a decir es que pienses bien qué le habrás hecho para que te haga esto. De repente lo has engañado y él se está vengando. Te recomiendo que le pidas disculpas y arreglen por esa vía”, fue la respuesta que obtuvo.

Patricia creyó que la denuncia se había oficializado, pues el policía le dijo que citarían a su exenamorado para entrevistarlo, diligencia que programaron recién en 2013. Desde entonces, no supo más de él ni de la investigación.

Siete años después, cuando acompañó a la Divindat a otra expareja del mismo hombre, se enteró de que la acusación nunca se había registrado.

Ana quería denunciar al sujeto por haber compartido imágenes y videos íntimos suyos en el Facebook hackeado de Patricia y en una página pornográfica. Pensó que si presentaba la queja, tendría la misma suerte que ella y nunca más la violentaría. Pero a pesar de que logró que recibieran su acusación, él la siguió buscando.

‘’Fui a la Divindat para averiguar si había un registro de la denuncia de Patricia y así la mía tenga mayor sustento. Pero me dijeron que no existía’’, nos narra.

La atendió una mujer, a quien le contó además que, producto de la difusión de sus fotografías, varios hombres la habían empezado a contactar para preguntarle si podía compartirles más imágenes y si ella ofrecía servicios sexuales.

“¿Por qué mandas esas fotos? Eso está mal. Ya aprendiste que no debes mandar fotos de ese tipo, ¿no?”, le contestó la funcionaria de la Divindat, quien le dijo que debía presentar su caso ante la Fiscalía.

Pero Ana decidió acudir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que le cambió el abogado tres veces durante todo el proceso, por lo que tuvo que contar lo que sufrió a distintos hombres y en reiteradas oportunidades. Además de mostrarles las fotografías difundidas por su expareja.

El 5 de agosto de 2019, seis meses después de que lo denunció ante el Ministerio Público, le comunicaron que debía asistir a una cita psicológica en esta entidad.

El especialista en salud mental, a quien Ana recuerda como un hombre muy sarcástico, le preguntó cuánto tiempo mantuvo la relación con el denunciado, por qué lo aguantó y “por qué se dejó tomar fotografías íntimas”.

‘’Yo sabía que él solo tenía que hacerme un examen psicológico para ver cómo estaba. Pero no sé qué tanto ayudaba preguntar cuánto tiempo duramos, por qué me dejé manipular’’, opina.

No tuvo noticias sobre su caso hasta octubre de este año, cuando el abogado le comunicó que, por fin, el Poder Judicial ordenó medidas de protección para ella. Pero los datos del agresor estaban mal consignados.

Ana* cree que este documento le hubiese servido meses atrás, cuando su expareja se creó una cuenta de Linkedin para enviarle fotos de su prima, sus imágenes íntimas y mensajes sexuales.

‘’Me dijo: ¿te acuerdas de mí? Tú me vendiste tus fotos porque me dijiste que querías pagar tus estudios. Me asusté y le mentí. Le dije que mis conversaciones estaban rastreadas y que lo iban a atrapar. Lo bloqueé y no me volvió a escribir. Pero hombres seguían contactándome en Facebook. Tuve que publicar en mis redes que los iba a denunciar si seguían molestándome’’, cuenta.

Hace poco le preguntó a su abogado si cree que su caso no quedará impune. Él le respondió que eso dependería de si el examen psicológico concluye que sufrió traumas por la violencia en línea. Ana tiene miedo. No quiere que ese hombre cometa lo mismo contra otras chicas.

‘’Nunca pensé que algo así podía pasarme. No sabía lo que era la manipulación, el amor tóxico. Me afectó demasiado. No podía ni siquiera mirarme al espejo o verme bien. Me deprimí. Mi peso normal es de 51 kilos, pero llegué a pesar 44. Mi forma de pensar hacia los hombres cambió. No puedo confiar en ellos. Si a él lo meten a la cárcel, va a estar allí 3 años y cuando salga obviamente va a seguir haciendo lo mismo. Él tiene un patrón, le hizo lo mismo a Patricia, después fui yo y luego otras dos chicas’’, sentencia.

Mientras conversaba con nosotros, Patricia volvió a buscar la cuenta de Facebook que su expareja le hackeó en 2011. La encontró, pero con otro nombre y otras fotos. Lo que quiere decir que sigue haciéndose pasar por otras chicas.

Mariel no imaginó que un comentario que publicó en Facebook haría que la persiguieran en las calles. Peor aún, en octubre de 2018, no esperó que las autoridades intentarían convencerla de que no denunciara a sus acosadores. Pensó que si insistía, podrían identificarlos y capturarlos; sin embargo, luego de esperar por más de un año una respuesta de la fiscal y el abogado que le asignó el Ministerio de la Mujer, se enteró de que la acusación nunca se oficializó.

La historia comenzó cuando, a través de su red social, se mostró en contra de que un actor denunciado por violencia sexual dicte un taller. Apenas unos minutos después, un grupo de hombres, escondidos bajo perfiles falsos, la insultaron. A las horas, colocaron sus fotos y datos personales en una página pornográfica. Así que los denunció mediante un comunicado público, pero Facebook cerró su cuenta.

Al día siguiente, Mariel acudió a votar. Mientras esperaba en su local, sus acosadores la observaban y le tomaban fotos. Se enteraría de esto dos meses después, cuando empezó a investigar sola tras sentir indiferencia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

‘’En la noche regresé a mi casa y mi mamá me dio la primera señal de alarma. Me dijo que llegó un delivery de comida supuestamente a mi nombre, pero yo no había hecho ese pedido. Lo dejé pasar porque pensé ‘seguro alguien se confundió’. Luego, me mandaron comida de perro porque en palabras de ellos yo soy eso porque comentaba sobre feminismo y denuncias de violencia. Me asusté, me dio pánico’’, narra ahora.

Pensó que su vida corría riesgo, por lo que acudió a la Divindat. Fue la primera de las más de 3 visitas que hizo para que identifiquen a sus agresores. Llevó capturas de pantalla impresas, pero los policías no le recibieron la denuncia. Le respondieron que las imágenes no probaban lo que sufrió y que ella debía conocer a las personas que la acosaban.

Como la PNP la ignoró, denunció a sus agresores en los medios de comunicación. Tras sus declaraciones, distintas áreas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la contactaron para ofrecerle apoyo legal y psicológico, por lo que tuvo que contar cerca de 10 veces a distintas personas lo que le sucedió.

Dos semanas después, el Servicio de Atención Urgente (SAU) trasladó su caso al Centro de Emergencia Mujer (CEM), donde encontró más desidia y abandono.“Yo era la que tenía que estar ahí pendiente. Mi abogada prácticamente quería que yo le ponga los pasajes para que denuncie ante la Fiscalía. Me dijeron que no contaban con personal suficiente“, cuenta.

Entonces, acudió sola a la Fiscalía de La Molina y entregó todas las pruebas.

“Es igual como cuando vas a la calle y sales en falda, es obvio que te van a molestar. Tienes que tomar tus precauciones”, le respondió la fiscal antes de que recibiera sus documentos y le comunicara que ordenaría a la Divindat que identifique a sus agresores.

“Yo no salía de mi casa porque tenía miedo. Empezó la ansiedad y el pánico. Pensaba ‘si salgo a la calle, me los voy a encontrar’, a pesar de que no sabía quiénes eran ellos. Cada vez que miraba a un chico y este me quedaba mirando, yo pensaba que era uno de ellos”, relata.

Sentía temor, pero decidió seguir investigando. Logró infiltrarse en un grupo de Facebook de casi 3.000 miembros. Descubrió que 200 usuarios eran activos y reconoció las cuentas de las 36 personas que la atacaron. Buscó sus nombres en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y concluyó que 8 existían. Eran hombres que se dedicaban a acosar por redes sociales a mujeres feministas.

Quedó aterrada después de que leyó en este grupo de Facebook cómo sus acosadores planeaban enviarle animales muertos a su casa. Llevó esta información a la prefectura de La Molina para pedir garantías para su vida. Pero se las negaron.

Retornó a la Divindat otra vez. “Llevé toda la información y me dijeron que no podían tomarla, que se quedarían con los informes que estaba dando, pero que ellos tenían que llegar a la misma conclusión que yo por su cuenta. No era válido lo que estaba haciendo porque ellos tenían que investigarlo a su manera”.

Un año y dos meses después, Mariel contactó al CEM para saber cómo iba su caso, pero se enteró de que no había denuncia. Estaba harta y les dijo que ya no quería que la representen. Buscaba justicia porque durante todo ese tiempo siguieron acosándola mediante redes sociales.

“Empiezan primero por redes, luego llegan hasta tu espacio personal y te pueden hacer daño físicamente. Ese era mi temor”, denuncia. Ella responde que podría cerrar todas sus cuentas en redes sociales y no aparecer nunca más para que no la molesten. “Pero yo no puedo mudarme de casa. Tienen mi dirección, mis datos, saben todo lo que hago”.